Procedamos a enlistar cinco buenas razones para promover
la despenalización de la marihuana, como parte de una estrategia que
conlleve beneficios en materia de salud pública, seguridad, finanzas e
incluso de cultura cívica.
1- Dinero
La criminalización de la marihuana comenzó a promoverse en las
primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, pero fue a partir de la
década de los 70, bajo el gobierno de Nixon, cuando se oficializó este
nefasto concepto de “la guerra contra las drogas”, una campaña que,
respaldada por autoridades y medios de comunicación, impuso en el
imaginario colectivo la idea de que las drogas son malas y que hay que
combatirlas a costa del presupuesto público, el bienestar social e,
incluso, el sentido común.
Pero hablando estrictamente de las consecuencias financieras de esta
campaña, la cual fue imitada por decenas de países que siguieron la
política estadounidense, es importante considerar dos variables: por un
lado la monumental cantidad de dinero que se invierte en combatir el
tráfico de estupefacientes y en castigar el consumo. Para dimensionar
los recursos empleados con este fin, basta señalar que en Estados
Unidos, durante 2010, se gastaron más de 40 mil millones de dólares
(según estimaciones de Drugsense.org). Por otro lado, también vale al
pena mencionar la cantidad de dinero que se deja de recaudar en la arcas
públicas a partir de una despenalización regulada que implicaría
grandes beneficios fiscales para un gobierno. Un estudio realizado en
2008 por Jeffrey Miron, economista de Harvard, concluyó que la
legalización de las drogas le reportaría al gobierno estadounidense
ahorros por $44,100 mdd, más ganancias por $32,700 mdd, sumando un
beneficio total de $76,800 millones –en caso de despenalizar solo la
marihuana, esto se traduciría en $13,700 mdd. Recientemente 300
economistas, entre ellos algunos laureados con el Premio Nobel, han
enfatizado en el estudio de Miron, aprobando sus cálculos y promoviendo
su conclusión pro legalización.
Cabe destacar que no solo se trata de evidenciar los beneficios
económicos de dejar de combatir las drogas según la actual estrategia,
sino reconocer que a pesar de los gastos que se realizan, la violencia y
los índices de consumo son mucho mayores hoy de lo que eran cuando se
inauguró esta guerra. Es decir, es un gasto poco efectivo y que,
invertido en otros rubros, podría generar un mucho mayor bienestar
social.
2- Seguridad
Todo tipo de prohibición de una sustancia, ante la cual existe una
demanda, detona el surgimiento de grupos criminales que responderán a
ella sin importar los costos que conlleve la actividad. Básicamente se
trata de una dinámica esencial de los sistemas económicos: en donde
quiera que haya una demanda, se gestará un mecanismo para satisfacerla,
así de fácil. Al regularizar el mercado de la marihuana, reglamentándolo
de acuerdo a criterios similares que los que se emplean para el
alcohol, entonces estos grupos criminales son automáticamente
neutralizados, pues quedan despojados de su mercado y por ende de los
ingresos que les permiten operar.
Para muestra de la violencia que generan las organizaciones dedicadas
al tráfico de drogas, tan solo en México podemos referirnos a los
60,000 muertos que aproximadamente ha cobrado la lucha anti-narco en
este país. Y por si no fuera suficiente esta tenebrosa cifra, también
debiésemos de considerar el medio millón de desplazados, personas que se
han visto obligadas a abandonar sus ciudades de origen ante la viva
amenaza que este fenómeno representa y, en un plano menos tangible, los
millones de mexicanos que han visto trastornada su calidad de vida, así
como sus derechos fundamentales como seres humanos, todo como una
consecuencia más de la insólita estrategia aplicada por su gobierno.
En el rubro de la salud social también resulta fácilmente cuestionable la penalización de la marihuana, sobre todo si tomamos
en cuenta que está científicamente comprobado que esta, como muchas
otras plantas, tiene propiedades medicinales que pueden ser de gran
utilidad para el tratamiento de distintos males, ya sea recurriendo a la
planta misma en su estado natural o como componente activo de
medicamentos elaborados industrialmente. Recientemente algunas entidades
de Estados Unidos han adoptado la permisión de la marihuana medicinal
—popularmente aceptada como sustancia auxiliar para los enfermos de
cáncer. Además, decenas de grupos étnicos han recurrido históricamente a
la ganja como recurso medicinal con resultados probadamente efectivos.
Sobra decir que el hecho de que la marihuana sea ilegal entorpece su
aprovechamiento como una sustancia curativa, marginando así a la
población de las bondades de un benéfico ingrediente.
4- Libertad (responsabilidad cívica)
La criminalización de la marihuana atenta contra el sentido de
libertad que inspira a uno de los derechos fundamentales del ser humano.
Si bien es cierto que en todo estado es indispensable la prohibición de
actos o actividades específicos, presumiblemente utilizando como
criterio el respeto al bienestar común y a los derechos del otro,
prohibiciones como la que se ciñe sobre el consumo de esta planta, la
cual responde más a misteriosas agendas económicas y principios
ideológicos que a la persecución genuina del bien social, terminan por
atentar contra el derecho y la capacidad de una persona para tomar las
decisiones que, en su opinión, mejor le convengan. Vale la pena recordar
que el uso de cannabis data de hace miles de años y que más allá de una
actividad recreativa que ha sido estratégicamente satanizada por los
medios y las autoridades, existen muchas personas que ven en esta planta
un catalizador para fines diversos, entre ellos el desarrollo
espiritual o la inspiración artística, ante lo cual su penalización se
presenta como una medida evidentemente ridícula.
Finalmente, en este mismo sentido, está comprobado que ofrecer a un
grupo social la posibilidad de discernir sobre su propia integridad
estimula favorablemente el sentido de auto-responsabilidad entre sus
individuos y fortalece un compromiso consigo mismos y con el resto del
grupo. De
hecho esta es una de las premisas que toma en cuenta el sistema
educativo de Finlandia, considerado el más efectivo del mundo según el
índice de la OCDE.
5- Regulación
Ya tuvimos oportunidad de repasar algunos de los beneficios que
implicaría la regulación, ligada a la despenalización, del consumo de
marihuana. Si bien muchos podrán argumentar que el adoptar esta medida
reflejaría cierta tibieza por parte de las autoridades, en un plano
práctico y más real lo cierto es que permitiría ejercer un mayor control
sobre su uso y distribución. Como argumento bastaría con enfatizar en
el hecho de que para un adolescente, en la mayoría de países donde es
ilegal la marihuana, resulta más fácil conseguir unos cuantos porros en
el mercado negro, recurriendo a alguno de los miles de “dealer” que
existen, que conseguir una botella de whisky, cuyo consumo está
explícitamente controlado entre la población menor de edad. Lo anterior
sugiere que si una sustancia es legalizada y a la vez reglamentada,
esto se traduce en un control más efectivo de la misma que en caso de
marginarla a la ilegalidad, dando así vida a un mercado negro que en la
mayoría de los contextos se organiza con mayor habilidad que las propias
autoridades.
Para concluir nuestra propuesta de argumentos “legalizadores”, solo
quedaría agregar que mi postura personal al respecto no responde a
ninguna conveniencia personal, ni representa un incentivo a mi comodidad
individual, o a alguna agenda económica, ideológica, ligada a mi
persona. Y precisamente es a esa arena a donde me gustaría que pudiera
llevarse este debate: más allá del tabú y de intereses particulares. Por
otro lado, vale la pena recalcar que no se trata de insinuar que es un
recurso sencillo, o negar que será un proceso complejo que deberá
orquestarse en sintonía con una estrategia integral, enfatizando en la
educación de la población –ligado a la difusión de información objetiva y
fiable. Sin embargo, y una vez expuesta está aclaración, la
legalización de la marihuana es un recurso que debe adoptarse,
de manera inteligente pero también tajante, con evidente urgencia. Y
aunque tengo la certeza de que eventualmente se adoptará, creo que es
nuestra responsabilidad cívica el presionar para que esto suceda lo
antes posible, con lo cual ahorraremos vidas y recursos como las que
hasta ahora, innecesariamente, se han diluido gracias a la torpe
trinchera desde la cual se ha querido resolver la colosal problemática.
Fuente Pijamasurf
